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OEA: LOOR A LA VAPOROSIDAD





Ahora, todo depende de usted, señor secretario general. Tal como se esperaba, la reunión anual de la Organización de Estados Americanos (OEA) no aprobó la creación de un sistema de alerta temprana para prevenir ''golpes civiles'' en la región. Por lo tanto, la defensa colectiva de la democracia dependerá en gran medida de la audacia que muestre el nuevo jefe de la OEA, José Miguel Insulza.

El documento aprobado esta semana al concluir la reunión anual de cancilleres de la OEA, en Fort Lauderdale, es un himno a la vaguedad. Los países de América Latina diluyeron considerablemente la propuesta de Estados Unidos y otros países para darle a la OEA nuevos poderes para pedir que los países con democracias híbridas respeten el estado de derecho.

Aunque, como suele suceder en estas reuniones, todos cantaron victoria cuando salió la resolución final, lo cierto es que la Asamblea General de la OEA en Fort Lauderdale no pasará a la historia como un punto de inflexión en la lucha en contra de la opresión. Los temores latinoamericanos y caribeños a posibles intromisiones de Estados Unidos en sus asuntos internos con el pretexto de defender la democracia pudieron más que sus temores a la proliferación de dictaduras o populismos radicales.

Antes de entrar en lo que fue aprobado, recordemos la propuesta original de Estados Unidos: pedía que el nuevo secretario general de la OEA delineara ''un plan de acción'' con la ''participación de la sociedad civil'' para fortalecer la Carta Democrática de la OEA del 2001. Esto hubiera permitido que grupos de derechos humanos, por ejemplo, tengan un canal formal para informarle a la OEA sobre casos de abusos gubernamentales, cosa de que la OEA pudiera emitir una advertencia antes de que una situación se radicalice y se quiebre el estado de derecho.

La idea era permitir que la OEA no sólo pueda ejercer presión diplomática contra los gobiernos que llegan al poder a través de un golpe de estado, sino también contra gobiernos elegidos democráticamente que asumen poderes casi absolutos, destituyendo al Congreso o interviniendo la Corte Suprema.

Actualmente, hay poco que la OEA pueda hacer en situaciones como la de Ecuador el año pasado, en que el presidente disolvió la Corte Suprema, o de Venezuela, donde el presidente recientemente amplió la Corte Suprema con 17 nuevos nombramientos, de hecho apoderándose del sistema judicial, tras haberlo hecho con los tribunales electorales.

La propuesta de Estados Unidos era buena y tenía el respaldo de grupos de derechos humanos y figuras como el ex presidente Jimmy Carter. Pero la decisión de presentarla en nombre de Estados Unidos, en lugar de hacerlo a través de otro país, o de una coalición de países, fue una torpeza que la condenó al fracaso.

En lugar de un ''plan de acción'' para crear un sistema de alerta temprana con la ayuda de la ''sociedad civil'' para proteger a la democracia, la declaración final sólo pide al nuevo secretario general de la OEA que ''elabore propuestas para iniciativas de cooperación'' de una manera ''gradual, efectiva y balanceada'' y ``dentro del principio de la no intervención y al derecho de autodeterminación de los pueblos''.

Estados Unidos aseguró que la resolución final avanza la causa de la democracia.

''Estamos bastante satisfechos'', me dijo Roger Noriega, el jefe de asuntos hemisféricos del Departamento de Estado, al finalizar la reunión. ``Representa un consenso que la organización necesita ser más proactiva y que el secretario general deberá proponer nuevos instrumentos (para defender la democracia)''.

En una aparente referencia a Venezuela, Noriega agregó que ``hay varios países que probablemente no querían que saliera ninguna resolución de este tipo''.

Otros diplomáticos agregaron que Venezuela se unió al consenso porque podía aceptar el lenguaje del texto final, y no quería estar aislada.

El canciller de Chile, Ignacio Walker, cuyo país redactó el proyecto de resolución final, me dijo que ese texto fue un término medio entre lo que quería Estados Unidos y lo que estaba dispuesto a ceder Venezuela. Que no era mucho. Así que, como anticipé en mi última columna, lo que salió fue una resolución llena de cortapisas, que permitirá a todos leer en ella lo que se les antoje.

Mi conclusión: la resolución de la OEA pone los reflectores sobre Insulza. El nuevo jefe de la OEA no tendrá un mandato explícito para denunciar casos de presidentes democráticos que quiebran el estado de derecho, pero tendrá alguna libertad de acción ``para elaborar propuestas''.

A lo mejor, eso no es tan malo: Insulza, un socialista moderno que fue canciller y ministro del Interior de Chile, ha sido un activista a favor de la democracia toda su vida. Ahora, tendrá que moverse rápido y con audacia. De otra manera, la OEA terminará siendo aún más irrelevante de lo que ha sido últimamente.



Alvaro Kröger